Este proyecto surge
como respuesta a una necesidad evidente de la sociedad y principalmente de las mujeres. Aunque no se
puede desconocer el gran avance legislativo hasta ahora logrado por la nueva sentencia c- 355 2006 la cual nos
cambia de un sistema común de penalización donde se protege la esperanza de
vida y de manera completa prohíbe el aborto a un sistema de indicaciones en el
cual el aborto sigue siendo un delito pero despenalizado bajo ciertas
circunstancias. La despenalización parcial del aborto no busca alcahuetear ni
mucho menos promover la irresponsabilidad sexual, sólo ofrecerles opciones a
mujeres en circunstancias extremas.
La utilidad del
estudio es hacer entender que catalogar el aborto como un delito no ha demostrado
persuadir a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo de no hacerlo.
Cuando una mujer se encuentra en una situación tan desesperada que prefiere
convertirse en delincuente antes que en madre, la pena anunciada por el Código
Penal no la convence de no abortar, sólo la obliga a acudir a procedimientos
inseguros que ponen en peligro su vida.
Abortar de manera
segura en un país donde el aborto es un delito por no tener ninguna de las
condiciones requeridas para que sea permitido, es un lujo que el dinero puede
pagar, o bien comprando un pasaje a cualquier lugar donde la práctica no esté
penalizada, o pagándole a un médico privado dispuesto a hacerlo. Es una
realidad que quienes pagan el costo de la ilegalidad del aborto en la mayoría
de las veces son las mujeres de escasos recursos.
Sin duda considero
firmemente que la mujer tiene autonomía, libre autodeterminación como persona
reconocida por la constitución política de 1991 y por supuesto la decisión de
una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, es una decisión que tiene que
ver con su integridad, es un asunto que sólo le concierne a quien decide sobre
su propio cuerpo y el Estado no tiene el poder para restringir de esa manera un
derecho que atañe a la libertad individual.
Con respecto a las implicaciones
sociales hay que recordar que estamos en una sociedad pluralista y que una de
las grandes diferencias entre quienes defienden la despenalización del aborto y
quienes se oponen a ella en cualquier circunstancia; es que en la
despenalización se respeta la decisión individual mientras en la penalización
quieren imponer su posición a los demás. En otras palabras, la despenalización
del aborto nunca implicará la obligación de abortar a la mujer que no quiera
hacerlo porque su conciencia no se lo permite.
Por último ningún
derecho puede considerarse absoluto, pues ninguno de los derechos fundamentales
lo es. Todo derecho tiene como limitación los derechos de los demás y deben,
por tanto, ponderarse en cada caso los intereses jurídicos en conflicto.
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